Además del derecho a votar, en una democracia existe el derecho a ser elegido para ocupar un cargo público. Este derecho permite que los ciudadanos puedan presentarse como candidatos en unas elecciones y optar a representar a la ciudadanía en las distintas instituciones.
Con carácter general, pueden ser elegidos los ciudadanos españoles que tengan derecho de sufragio, cumplan los requisitos establecidos para cada tipo de elección y no se encuentren afectados por alguna causa legal de incompatibilidad o inelegibilidad. Las condiciones concretas pueden variar según se trate de elecciones generales, autonómicas, municipales o al Parlamento Europeo.
En la práctica, la mayoría de las personas que resultan elegidas forman parte de una candidatura presentada por un partido político, una federación, una coalición o una agrupación de electores. Los ciudadanos no suelen votar directamente a una persona concreta, sino a una lista de candidatos presentada por una de estas organizaciones, aunque existen algunas particularidades según el tipo de elección.
Los partidos políticos seleccionan a las personas que integrarán sus candidaturas mediante los procedimientos que establecen sus propios estatutos. Algunas formaciones realizan elecciones internas entre sus afiliados, mientras que otras utilizan sistemas de designación acordados por sus órganos de dirección.
Para ser candidato no basta con manifestar el deseo de presentarse. Es necesario que la candidatura sea presentada oficialmente dentro de los plazos previstos en el calendario electoral y que cumpla todos los requisitos establecidos por la legislación.
Una vez proclamadas las candidaturas, los ciudadanos pueden conocer quiénes son los candidatos que concurren a las elecciones y qué propuestas defienden. Durante la campaña electoral, estos candidatos participan en actos públicos, debates, entrevistas y otras actividades para explicar su programa y solicitar el apoyo de los votantes.
Las personas elegidas no representan únicamente a quienes les han votado. Una vez ocupan un cargo público, ejercen sus funciones en el marco de las instituciones y conforme a las normas que regulan cada una de ellas.
Existen determinados supuestos en los que una persona no puede ser candidata o no puede mantener determinados cargos al mismo tiempo. Estas limitaciones tienen como finalidad garantizar la imparcialidad de las instituciones, evitar conflictos de intereses y asegurar el correcto funcionamiento del sistema democrático. Su regulación concreta depende de la legislación aplicable a cada proceso electoral.
En algunos tipos de elecciones también pueden ser candidatos ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión Europea cuando así lo prevé la normativa, especialmente en determinados procesos como las elecciones municipales y las elecciones al Parlamento Europeo, siempre que cumplan los requisitos establecidos.
El derecho a ser elegido, conocido también como sufragio pasivo, es uno de los pilares de la democracia representativa. Gracias a él, cualquier ciudadano que reúna las condiciones legales puede aspirar a ocupar un cargo de representación pública y someter su candidatura a la decisión de los electores.
Comprender quién puede ser elegido permite entender mejor cómo se forman las candidaturas y cómo acceden los representantes a las instituciones. En los siguientes artículos de este bloque se explicará cómo funciona el censo electoral, cómo se desarrolla una jornada de votación y de qué manera se transforman los votos en escaños.
